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La ley de identidad de género: una transformación revolucionaria

Cuando el nueve de mayo e 2012, los senadores y senadoras aprobaron por abrumadora mayoría la ley de identidad de género (en la cámara de diputadxs se aprobó por unanimidad), es probable que no tuvieran una total conciencia de la profunda transformación que estaban produciendo en la estructura del Estado argentino.

Pero antes, un poco de historia. En nuestro país, las identidades trans nunca estuvieron perseguidas por el Código Penal de la nación. Sin embargo, durante todo el siglo XX travestis, transexuales y transgénero eran encarceladas arbitrariamente a lo largo y ancho del país. ¿La razón? Los códigos contravencionales y de faltas provinciales, y los edictos policiales de la ciudad de Buenos Aires, se encargaron de prohibir conductas tan difusas como “el uso de ropas pertenecientes al sexo opuesto”, la “ofensa al pudor” o a “la moral y el orden públicos”, cuyo sentido era interpretado concretamente por comisarios y policías, y en virtud de las cuales las personas trans eran obligadas a pasar meses y años enteros tras las rejas, soportar vejaciones y coimeos, y ser reducidas a sujetas “alejadas del derecho”, como dijera la gran Lohana Berkins.

Las primeras organizaciones de travestis surgieron en la década de 1990 con el objetivo de luchar contra estas formas infames de persecución policial. Pero, a medida que iban empoderándose en la lucha política, las dirigentes trans se dieron cuenta de que había toda una estructura estatal y social que les impedía acceder a una ciudadanía plena. Así, los reclamos fueron volviéndose cada vez más complejos e integrales. Después de encendidos debates al interior de la comunidad, estas reivindicaciones acabaron cristalizándose en la figura del derecho a la identidad, “el derecho a todos los derechos”, como decían las consignas de la época. El derecho a la identidad, hay que recordarlo, es una figura que despierta fuertes pasiones en un país en que la desaparición forzada de personas y el robo de bebés se encuentran demasiado frescos en la memoria colectiva.

El derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida, como reza la ley 26.743, significó mucho más que el derecho a cambiar el nombre y el sexo en el DNI de las personas trans que así lo decidan; resulta revolucionario en al menos dos aspectos más. En primer lugar, porque sitúa el derecho a definir el propio género, ya ser tratado de acuerdo con el mismo, en las manos de cada persona, y de nadie más. Ni médicos, ni jueces, ni policías tienen derecho a opinar. Y esto aún para las personas que aún no hayan modificado su “sexo registral”, o decidan no hacerlo. En particular, las personas menores de edad, que tienen derecho a ser tratadas según su Verdadero nombre en las instituciones educativas que deben transitar extensamente; detalle no menor si entendemos que la enorme mayoría de las personas trans aún abandonan los espacios educativos en los que no se respeta su identidad de género.

En segundo lugar, la ley de identidad se destaca porque reconoce el acceso a la salud integral como un derecho inalienable, y lo relaciona íntimamente con el derecho (nunca la obligación) de realizar modificaciones corporales, mediante tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, para readecuar el cuerpo a la identidad autopercibida. Muchas personas deciden no intervenir sus cuerpos, pero para las que sí, la ley obliga al Estado y a las obras sociales a cubrir la totalidad de estos tratamientos (cuestión que está lejos de aplicarse como debería… pero esa es otra historia).

La ley de identidad de género, decíamos, fue revolucionaria. Hasta el punto que, cuando se aprobó, se convirtió en la ley más avanzada en materia de reconocimiento de derechos trans a nivel mundial. Sin embargo, lxs activistas trans entendieron que la ley era apenas un punto de partida. El acceso a la ciudadanía plena no estaría completo hasta no garantizar el acceso de las personas trans a un trabajo “digno” (o al menos formal), el acceso a la salud integral, a una vivienda digna… y la lista sigue. Lo cierto es que la mirada de la sociedad y el estado hacia el colectivo trans atravesó una transformación decisiva, a partir de la histórica sanción de esta ley, hija de largos años de lucha de lxs activistas trans. Como Marina Quinteros, pionera de la lucha trans en Santa Fe, que nos dejó ayer, que le cambió la vida a tantxs compañerxs, y cuyo nombre será imposible no recordar cada vez que se acerque un nuevo aniversario de este triunfo tan importante para toda nuestra comunidad.

Lele

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